La colección Thyssen-Bornemisza llegó a España tras una de las operaciones culturales más complejas de nuestra historia reciente. Lo que empezó con una comida en el Ministerio de Cultura en abril de 1986 acabó convirtiéndose en un préstamo de casi ochocientos cuadros y, siete años después, en una compraventa respaldada por un real decreto-ley. Detrás de las salas del Palacio de Villahermosa hay negociación internacional, ingeniería contractual y una lección permanente sobre cómo se gestiona el arte cuando deja de ser solo patrimonio y pasa a ser también un activo económico de primer nivel.
Colección Thyssen-Bornemisza: la operación jurídica que la trajo a España

El origen de la colección Thyssen-Bornemisza en España
En octubre de 1986, durante un encuentro en la casa de los barones en Oxfordshire, la baronesa Carmen Cervera explicó al abogado Rodrigo Uría Meruéndano y al entonces director general de Bellas Artes, Miguel Satrústegui, las dificultades de la familia para albergar todo el fondo en el Museo de Villa Favorita, en Lugano. De aquella conversación surgió la posibilidad de que España se convirtiera en sede del conjunto.
La propuesta se formalizó en mayo de 1987, cuando el Ministerio de Cultura recibió una carta del duque de Badajoz, Luis Gómez-Acebo, en nombre del barón. En ella se planteaba ceder al Estado la propiedad de una parte de las obras y la posesión del resto mediante préstamos de larga duración. El ministro Javier Solana encargó entonces a Uría el asesoramiento jurídico del Ministerio y su papel como conegociador. Desde ese momento, un proyecto cultural pasó a depender de una arquitectura legal muy precisa.
Una negociación internacional con competencia real
España puso sobre la mesa una primera oferta informal que incluía como sede el Palacio de Villahermosa, entonces asignado al Museo del Prado. El propio Uría explicó años después que la cesión del palacio se consideró una baza decisiva frente a las demás candidaturas, porque resultaba difícil imaginar un emplazamiento mejor.
Y la competencia era seria. Entre 1987 y 1988 los Thyssen recibieron varias ofertas, entre ellas una de la Fundación Getty de Malibú que proponía la compraventa total del conjunto. Esa vía implicaba desprenderse de todo de golpe, mientras que la propuesta española permitía mantener la colección Thyssen-Bornemisza unida, exhibirla al público y darle proyección internacional, tres de los objetivos centrales del barón. La lección sigue vigente: en el mercado del arte, la mejor oferta no siempre es la más alta, sino la que encaja con el proyecto del propietario.
Del préstamo de nueve años a la compraventa de 1993
En abril de 1988 se firmó el primer protocolo de intenciones. La fórmula inicial de cesión evolucionó hacia un préstamo de casi 800 cuadros por nueve años y seis meses, acompañado de la creación de una fundación cultural privada que sirviera de espacio común entre el Estado y la familia. El contrato, sometido a derecho inglés y redactado por abogados ingleses, fue calificado por Uría como complejísimo.
Las cifras dan idea de la magnitud. La contraprestación española fue de cinco millones de dólares anuales, más una aportación de 9.000 millones de pesetas, alrededor de 54 millones de euros, de los que 7.000 millones se destinaron a los cánones del préstamo y 2.000 a rehabilitar el palacio bajo proyecto de Rafael Moneo. El traslado de la colección Thyssen-Bornemisza obligó además a crear por primera vez una normativa de protección de bienes artísticos extranjeros en España, y llevó setenta y ocho obras al Monasterio de Pedralbes, en Barcelona. El museo abrió sus puertas en octubre de 1992.
La confianza generada hizo el resto. En junio de 1993, tras la aprobación de un real decreto-ley, la Fundación adquirió casi 800 obras por 350 millones de dólares, descontando lo ya abonado durante el préstamo, cuando el valor estimado del conjunto rondaba entre 1.000 y 1.500 millones.
Qué enseña la colección Thyssen-Bornemisza a los profesionales del arte
La operación no terminó con la firma. La compra transformó los estatutos de la fundación: el Estado pasó a ocupar una posición mayoritaria en el Patronato, mientras la familia conservaba garantías sobre los estándares museísticos, la unidad del fondo y su proyección internacional. Gobernanza, contratos, seguros, transporte, fiscalidad y trazabilidad de la procedencia formaron parte de un mismo expediente.
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